Guillem Alsina (guillem@imatica.org) – Y no es poca cosa, ya que según tengo entendido, desde la revolución francesa esta separación ha cimentado las bases de la democracia moderna aunque el concepto nos venga legado de la antigua Roma (fuente de la cual bebieron los revolucionarios galos). La necesidad de obtener una orden judicial emitida por un estamento independiente y al que se supone un papel tan neutral ante los abusos de un gobierno que, incluso, puede perseguir al mismo gobierno infractor, garantiza que cualquier ciudadano va a ser tratado de la misma forma ante la ley y a tener la posibilidad de defenderse de los abusos de cualquiera, incluidos sus mismos gobernantes. Solo en las dictaduras más abyectas como el nazismo o el franquismo, esta separación dejó de existir o se convirtió en un puro teatro para esconder la realidad.

Lo que propone ahora la Ministra de Cultura (siendo Cultura un mero título en este caso) es, precisamente, saltarse esta separación, socavando los principios básicos de la democracia para convertir a su departamento en legislador, juez y policía, cerrando... perdón, suspendiendo (que ya me gustaría a mi aclarar en qué consiste exactamente dicho término) páginas web a su antojo sin tener que pasar por los tribunales o la supervisión de un juez.

Es normal que, bajo las leyes actuales, la policía persiga a aquellas personas que infringen los derechos de propiedad intelectual y copyright, nos guste o no, estemos a favor o en contra de ello, creamos en una sociedad en la que los bienes culturales sean de libre y gratuito acceso o no. Cabría cambiar las leyes para que esto no sucediera como claman algunos, pero nos guste o no, en España actualmente puede considerarse ilegal descargar un contenido protegido por derechos de copyright o propiedad intelectual de la Red sin haber adquirido con anterioridad dichos derechos, o incluso compartirlo, aunque hay juristas que defienden lo contrario afirmando que si es para uso personal, si es legal. Es, como decía, otro discurso.

Entiendo que los autores de contenidos no se encuentren a gusto con la actual situación, que tengan miedo sobre el futuro y que vean como las obras que generan se van pasando de mano en mano sin que ellos ganen ningún dinero con ello. Pero esto tampoco tiene nada que ver con la situación originada por la propuesta de ley de economía sostenible, ni sus apartados dedicados a los contenidos digitales y a la piratería.

Entre el famoso canon por derecho de copia privada, que no es más que un impuesto cobrado inmoralmente a discreción suponiendo con antelación la culpabilidad por un delito y ahora esto, las entidades que afirman luchar por proteger los intereses de los autores y el gobierno están perdiendo toda su legitimidad para hacer lo que afirman estar haciendo. Y, lo peor para ellos es que esta legitimidad se la están entregando en bandeja a aquellos que utilizan Internet para descargar contenidos, películas o música, ya que muchos estamos pagando por un delito que no hemos cometido, como yo al comprar CD's y DVD's para grabar distribuciones de Linux y mis fotos de las vacaciones.

La única solución que le queda a este ejecutivo y las organizaciones que dicen defender los intereses de los autores para recuperar la legitimidad perdida, es abolir de inmediato el canon y rechazar la propuesta de González-Sinde.

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